Las penas involucran al general (r) Manuel Contreras (foto), al ex brigadier Pedro Espinoza, y a los coroneles (r) Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff, por los crímenes de cuatro ciudadanos chileno-franceses durante el régimen militar.
Una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) notificará hoy formalmente en el Penal Cordillera al general (r) Manuel Contreras la condena que le impuso la justicia francesa por los crímenes de cuatro ciudadanos chileno-franceses, durante el régimen militar. La condena -que en el caso de Contreras es de cadena perpetua- involucra también al ex brigadier Pedro Espinoza, y a los coroneles (r) Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff.
El proceso se realizó a fines del año pasado, en ausencia, ante la negativa de la justicia chilena de extraditar a los involucrados.
En el Tribunal de París -presidido por el juez Hervé Stephan- Contreras y el ex birgadier Pedro Espinoza Bravo recibieron la pena máxima, y el resto de los encausados por los delitos de "secuestro acompañado de torturas y de actos de barbarie", extensas condenas de prisión.
Pese a que los ex agentes de la disuelta Dina no cumplirán las sentencias, ya que casi todos ellos están encarcelados o con juicios pendientes, los familiares de las víctimas se manifestaron satisfechos por el fallo.
Jorge Klein, Etienne Pesle y Alfonso Chanfreau desaparecieron en Chile, y Jean Yves Claudet, en Argentina. Todos ellos, entre 1973 y 1975. Algunos testigos aseguraron sufrir torturas y vejaciones junto a los ciudadanos franceses, particularmente en el caso de Chanfreau, un ex dirigente del MIR que estuvo secuestrado en Londres 38. Por su parte, Klein era asesor del gabinete del ex presidente Salvador Allende cuando se produjo el golpe de Estado.
Los expedientes fueron investigados durante 12 años de instrucción, además de otros tres de juicios. Del resto de los acusados, tres recibieron penas de 30 años, seis de 25, uno de 20, y el restante, una condena de 15 años. La causa se inició en 1998, cuando Pinochet fue arrestado en Londres por una orden de captura internacional emitida por el magistrado español Baltasar Garzón.
El fiscal general de París, Francois Falletti, defendió la legitimidad de llevar a cabo este juicio en Francia, 37 años después de los hechos denunciados. "Es necesario recordarlo: este juicio es indispensable (...) y debe lanzar un mensaje claro", ya que, según dijo, crí-menes semejantes "deben dar lugar a demandas ante la justicia, en cualquier momento y lugar".
