Argentina ; Recuperan el Nieto numero 109: Germán Attanasiu Laschan hijo de dos militantes chilenos del Movimiento de izquierda Revolucionario (MIR) que aun se encuentran desaparecidos

Recuperan el Nieto numero 109

Abuelas de Plaza de Mayo informó que encontró al nieto 109. Hoy en una conferencia de prensa anunció que se trata de Pablo Germán Attanasiu Laschan, hijo de dos militantes chilenos desaparecidos. El apropiador de Germán hoy está detenido por delitos de lesa humanidad por una causa de Rosario.

"Este es un acto de alegría y de la democracia. Demuestra que el pueblo y el gobierno -que es el que el pueblo eligió- estamos haciendo las cosas bien. Es un día maravilloso porque nos levanta el ánimo y nos dice que es posible", dijo Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, al dar los detalles de la restitución de identidad del nieto 109: Pablo Germán Attanasiu Laschan.

Pablo Germán fue secuestrado junto a sus padres el 5 de abril de 1976 en el marco de un operativo del Plan Cóndor. Cuando lo secuestraron tenía seis meses. Hoy tiene 38 años. En abril fue contactado por Abuelas y hace un mes decidió hacerse voluntariamente el análisis genético. Ayer la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) lo notificó: es hijo de Frida Laschan Mellado y Ángel Athanasiu Jara.

Los padres del nieto 109 nacieron en Chile. Frida y Ángel eran militantes del Movimiento de izquierda Revolucionario (MIR). Frida, durante el gobierno de la Unión Popular de Salvador Allende, ocupó un cargo en la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). En marzo de 1974, luego del golpe de Estado de Augusto Pinochet, ambos sufrieron la persecución política. Ángel se exilió en Argentina y después lo hizo Frida. En 1974 se reencontraron y empezaron a militar en el PRT-ERP. Vivieron ocho meses en Capital Federal y después se mudaron a San Martín de los Andes, Neuquén, hasta mediados de 1975. Sabían que estaban siendo vigilados, por eso decidieron volver a Buenos Aires.

El 29 de octubre de 1975 nació su hijo, Pablo Germán. Cuando los secuestraron vivían en un hotel del centro porteño. Los padres del último nieto restituido se encuentran todavía desaparecidos. Se presume que estuvieron detenidos en el centro clandestino Automotores Orletti.

Pablo Germán fue anotado como hijo propio con fecha de nacimiento 7 de enero de 1976 por un matrimonio con estrecha vinculación al régimen cívico-militar. El apropiador de Pablo Germán hoy está detenido por delitos de lesa humanidad por una causa de Rosario.

Desde el secuestro de Ángel, Frida y Pablo, las familias Athanasiu y Laschan realizaron diversas denuncias e incluso viajaron a Buenos Aires para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos y el bebé. Los buscaron en cárceles, asilos y orfanatos. En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo radicó la denuncia por su desaparición ante el juzgado Federal Número 1, actualmente a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

“109 es un número importante y estamos contentas porque hay mucha gente acá, pero todavía seguimos buscando a los que faltan. Los que tengan dudas sobre su crianza o sobre quienes son que se acerquen a Abuelas. Saber quiénesson y de dónde vienen les va a aliviar todo ese dolor que llevan adentro”, dijo Carlotto a Infojus Noticias.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes distintos hijos y nietos recuperados durante la última dictadura militar, entre ellos el legislador porteño Juan Cabandié, el nieto recuperado número 77. También estuvieron Remo Carlotto, diputado por el Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y el legislador Horacio Pietragalla, nieto recuperado en 2003.

Dos tías del joven restituido siguieron la conferencia de prensa por medio de una cámara web. Frente a la emoción del anuncio prefirieron no hacer declaraciones. “Ahora estamos más tranquilas pero fueron días de torbellinos de emociones”, se limitaron a decir desde el otro lado de la cordillera y a través de una computadora. El público les dedicó un aplauso. “Cuando lo conozcan van a ver cuánto se parece a su padre”, les dijo Estela con una sonrisa.

Pablo Germán no estuvo presente en el anuncio. Carlotto dijo que siempre vivió en Capital Federal y que actualmente vive muy cerca de la sede de Abuelas. “¿Cuántas veces lo habremos cruzado sin saber que era el nieto que buscábamos hace tanto tiempo?”, se preguntó.

De la conferencia de prensa participó, también, el Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao. Bajo su órbita funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Hacia el final de la conferencia de prensa, para sorpresa de todos, Gonzalo Reggiardo Tolosa, hijo de desaparecidos, apropiado junto con su hermano mellizo en manos del represor Samuel Miara y restituido en 1993, pidió de hablar. "Yo fui amigo de Juan Cabandié cuando era chico y ninguno sabía quién era el otro. Pablo Germán va a encontrar acá un grupo humano como en ningún lado", expresó.
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-nieto-recuperado-numero-109-es-pablo-german-attanasiu-laschan-1092.html

Hermano de comunero mapuche desmiente a Carabineros y a la Fiscalía: “El único responsable de la muerte de Rodrigo es la policía”

9 DE AGOSTO DE 2013

El sábado se enterrarán los restos de Rodrigo Melinao en Chiquenco

A poco de que se encontrara el cuerpo sin vida de Rodrigo Melinao, versiones oficiales descartaron rápidamente que hubiera intervención policial de por medio. Hoy, Hugo Melinao, sale a reforzar su tesis inicial y encara a la autoridades del país de quienes, asegura, ni siquiera ha recibido un llamado telefónico. Incluso afirma que los atentados a camiones en la zona podrían haber sido cometidos por organizaciones militares civiles “para tratar de criminalizarnos”.

por BERNARDITA GARCÍA JIMÉNEZ

Son pasadas las 22:00 del viernes 9 de agosto. Hace tres días que se encontró en una parcela en el sector de Chiguaihue, Ercilla (Región de la Araucanía), el cuerpo sin vida del comunero mapuche Rodrigo Melinao, quien se encontraba prófugo y con dos condenas —una por incendio de bosques y otra por daños calificados— a cuestas. A esta hora, Hugo Melinao, encabeza el velatorio de su hermano junto a cientos de personas en la comunidad mapuche de Lolocos en Rayen Mapum. Es la última noche que puede pasar cerca de él porque el sábado lo enterrarán en el cementerio de Chiquenco.

Hugo Melinao está molesto, frustrado. Un día después de que se encontraran los restos del comunero, Carabineros descartó que el arma utilizada haya pertenecido a personal de la institución. Asimismo, el propio fiscal que lleva el caso, Ricardo Traipe, aseguró tras interrogar a los familiares que poco a poco surgía una nueva línea de investigación que se alejaba de la tesis de la intervención policial. Pero Hugo Melinao insiste: “El único responsable de la muerte de mi hermano es la policía”, asegura.

-¿En qué situación estaba tu hermano antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida? ¿Cómo estaba viviendo? 
Mi hermano tenía una condena donde lo acusaban de un supuesto incendio a sus forestales, el tribunal lo condenó sin ninguna prueba contundente. Él quedo en protección de la comunidad. Yo mismo dije: ‘Rodrigo Melinao no se entregará, nosotros lo vamos a cuidar, él quedará en la clandestinidad, se anulará el juicio y se hará uno nuevo con otros jueces’. Lamentablemente al no ser entregado a la policía, Carabineros lo empezó a rastrear. En más de una oportunidad hubo intentos de atraparlo, nosotros nos resistimos.

-¿A quién responsabilizas tú por la muerte de Rodrigo?
Una vez más le voy a decir a todos los medios de comunicación que aquí los únicos que transitan en esa vía son Carabineros de Chile. Yo responsabilizo al servicio de inteligencia policial porque estoy seguro de que lo secuestraron.

Desde el principio, como se ha vivido en la zona de la Araucanía, éste es un camino que parece carretera policial. ¿Cómo es posible que desde que esclarece a las 7:00 am, la policía no pueda ver a cincuenta metros a una persona que está muerta? ¿Que solamente vayan mirando el camino si les están pagando y tienen por orden proteger Chihuaihue? ¿Cómo es posible que no puedan brindarle auxilio a mi hermano? Tanto carabinero que transitó en dos horas y ninguno vio a mi hermano. Yo responsabilizo totalmente a la institucionalidad, a quienes mandan a criminalizar a nuestro pueblo.

-¿Por qué tanto Carabineros como la Fiscalía habrían descartado la intervención militar en la muerte de tu hermano?
Yo creo que aquí el trabajo se supone que se debe hacer con mucho respeto. Si el fiscal está haciendo uso de malas prácticas, lo siento porque éste debería ser un trabajo profesional. También tiene que ver con el Servicio Médico Legal. Si el Servicio Médico Legal no está trabajando como debe ser, no están respetando y están entregando información que se asemeja a la realidad, están faltando a la verdad. Voy a pedir una hora con el Servicio Médico Legal para ver si el que ve el caso de mi hermano es un médico forense o uno general. Si no es forense, vamos a tener que volver a trabajar.

Si bien el director general de Carabineros ha dicho que el arma que se encontró no les corresponde a ellos, nadie más que Carabineros se acerca a los vehículos policiales. ¿Quién sabe si andan trayendo armas no autorizadas? Ni el Presidente se daría cuenta de cuáles son las armas que andan trayendo Carabineros.

-El jueves tú y la pareja de Rodrigo declararon ante el fiscal de Collipulli, Ricardo Traipe. Al salir de ese trámite, se dice que tanto Fiscalía como familiares desestimaban que Carabineros estuvieran involucrados y que incluso podían estar implicados miembros de la misma comunidad. ¿Qué fue lo que pasó cuando ustedes declararon? ¿Por qué al salir aparecieron estas conclusiones?
La desesperación, el cansancio, la tristeza. Desde ese minuto en que yo encontré a mi hermano hasta el día de ayer he estado sin dormir. A mí me dijeron ‘tú tienes que hacer esto’ y yo dije ‘perfecto’. Pero si bien es cierto que yo concurrí donde el fiscal, él no anota lo que corresponde, no detalla ahí lo que realmente siempre le señalé, que es un servicio de inteligencia los que mataron a mi hermano.

-¿Por qué crees que el cuerpo de tu hermano apareció en ese predio en particular? ¿Él circulaba por esos lugares?
Es muy extraño. Yo creo que aquí se tiene que investigar y hacer un trabajo muy serio. No quiero que esto se quede en la impunidad. Lo más probable es que van a querer dejarlo en la impunidad. Esa zona no es circulable. Por eso lo encontramos muy raro. Esa zona está toda cerrada con malla, no es un predio de fácil acceso, está bien cerrado y ordenado. No hay ninguna cosa que sea de interés ahí para sacar. ¿Para qué iba a estar ahí? ¿Para qué iba a meterse a un predio que no tiene nada?

-Anoche se registraron tres ataques incendiarios a camiones que circulaban por la Ruta 5 Sur, en la región de La Araucanía. ¿Esos ataques tienen que ver con la muerte de Rodrigo?
Estamos en un tremendo dolor, estamos preocupados por nuestro hermano. No tengo conocimiento de eso, no tengo tiempo para informarme de lo que está pasando. Yo creo que aquí en la zona, para tratar de criminalizarnos, existe el Comando Trizano por ejemplo, organizaciones de militares civiles que hace mucho que se han estado preparando.

¿Qué te parece que después de esos ataques el gobierno haya decidido inmediatamente llevar a cabo una iniciativa para ubicar cámaras que vigilen la zona?
Es una discriminación racial hacia el pueblo mapuche. Primero asesinan a un carabinero y condenan a personas inocentes. Luego muere un mapuche y se hacen los lesos, tratan de bajarle el perfil. Estamos en Chile, aquí cualquier ciudadano común tiene el mismo derecho a querer justicia. ¿Por qué a los mapuches siempre se les aplica la ley más dura y cuando es responsable el carabinero se le desciende de grado, se le cambia la zona, se le sigue dando trabajo? Si a una empresa le queman dos camiones, el gobierno se los paga al tiro. Al mapuche lo dejan sin ningún beneficio.

¿Se puso en contacto contigo alguna autoridad regional o nacional para darte el pésame por la muerte de tu hermano?
Estaría mintiendo si te dijera que sí. Lamentablemente este gobierno está alzando las manos con alegría, cantando victoria, ascendiendo a quien asesinó a mi hermano. Están contentos porque una vez más este gobierno también cumplió con asesinar a un mapuche.

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/08/09/hermano-de-comunero-mapuche-desmiente-a-carabineros-y-a-la-fiscalia-el-unico-responsable-de-la-muerte-de-rodrigo-es-la-policia/

Hermano de Rodrigo Melinao desmiente a Carabineros y a la Fiscalía: “El único responsable de su muerte es la policía”

VÍA EL MOSTRADOR

A poco de que se encontrara el cuerpo sin vida de Rodrigo Melinao, versiones oficiales descartaron rápidamente que hubiera intervención policial de por medio. Su hermano Hugo Melinao, en entrevista para El Mostrador, sale a reforzar su tesis inicial y encara a la autoridades del país de quienes, asegura, ni siquiera ha recibido un llamado telefónico. Incluso afirma que los atentados a camiones en la zona podrían haber sido cometidos por organizaciones militares civiles para tratar de criminalizarnos.

“Mi hermano que tenía una condena donde lo acusaban de un supuesto incendio a sus forestales, el tribunal lo condenó sin ninguna prueba contundente. Él quedo en protección de la comunidad. Yo mismo dije Rodrigo Melinao no se entregará, nosotros lo vamos a cuidar, él quedará en la clandestinidad, se anulará el juicio y se hará uno nuevo con otros jueces. Lamentablemente al no ser entregado a la policía, Carabineros lo empezó a rastrear. En más de una oportunidad hubo intentos de atraparlo, nosotros nos resistimos”

“Desde el principio, como se ha vivido en la zona de la Araucanía, este es un camino que parece carretera policial. ¿Cómo es posible que desde que esclarece a las 7:00 am, la policía no pueda ver a cincuenta metros a una persona que está muerta? ¿Que solamente vayan mirando el camino si les están pagando y tienen por orden proteger Chihuaihue? ¿Cómo es posible que no puedan brindarle auxilio a mi hermano? Tanto el carabinero que transitó en dos horas y ninguno ver a mi hermano. Yo responsabilizo totalmente a la institucionalidad, a quienes mandan a criminalizar a nuestro pueblo.

 ”Yo creo que aquí el trabajo se supone que se debe hacer con mucho respeto. Si el fiscal está haciendo uso de malas prácticas, lo siento porque este debería ser un trabajo profesional. También tiene que ver con el Servicio Médico Legal. Si el Servicio Médico Legal no está trabajando como debe ser, no están respetando y están entregando información que se asemeja a la realidad, están faltando a la verdad. Voy a pedir una hora con el Servicio Médico Legal para ver si el que ve el caso de mi hermano es un médico forense o uno general. Si no es forense, vamos a tener que volver a trabajar”

“Si bien el director general de Carabineros ha dicho que el arma que se encontró no les corresponde a ellos, nadie más que Carabineros se acerca a los vehículos policiales. Quién saben si andan trayendo armas no autorizadas. Ni el Presidente se daría cuenta de cuáles son las armas que andan trayendo Carabineros”

http://www.gamba.cl/hermano-de-rodrigo-melinao-desmiente-a-carabineros-y-a-la-fiscalia-el-unico-responsable-de-su-muerte-es-la-policia/

El Informe que Enterró al Mejor Censo de la Historia, Hecho por el Gobierno de los Mejores

"El Censo de 2012 adolece de serios problemas en aspectos que son esenciales en este tipo de instrumento. La tasa de omisión de la población asciende, conservadoramente, a un 9,3%, porcentaje que es tres veces los obtenidos en censos recientes en otros países de la región". Este es uno de los párrafos decisivos del informe de la Comisión Externa Revisora del Censo 2012, cuya recomendación de repetir el Censo en 2015, tiene al Gobierno contra las cuerdas. La periodista Mónica González, directora de Ciper, afirmó que hay muchas situaciones "oscuras" al interior del Instituto Nacional de Estadísticas que la Fiscalía debe investigar. Descargue el informe completo, a continuación.Descargue el informe completo, a continuación.

González -cuyo medio destapó el escándalo de la manipulación de las cifras del Censo 2012- calificó lo ocurrido como "un error de proporciones" y "una bomba de racimo que arrastra muchos otros problemas para el país", lo que se ve refrendado por el informe del comité técnico externo que recomendó repetir el estudio en 2015.

"Hay un entorno de (el ex director Francisco) Labbé que hay que investigar y nadie se ha dado cuenta, que –para ser muy honesta- es oscuro, porque el principal asesor de Labbé, Max Raide, no estaba contratado por el INE. Aparece con él en la testera dando los resultados del Censo en una conferencia de prensa y no estaba contratado, (por ende) no tenía contrato de confidencialidad", dijo González a Una Nueva Mañana.

La periodista afirmó además que "fue notificado de los errores, de los problemas metodológicos y del tsunami que se avecinaba el jefe de gabinete del ministro Longueira en su momento, y hay otros testimonios que indican que hasta al propio ministro Larroulet se le notificó, se le informó, se le previno".

"Me consta que hubo reuniones en La Moneda y habría que saber cuán urgido y por qué Labbé cometió tantos errores, porque yo no creo que haya sido sólo la motivación de alguien soberbio, que soberbio lo es", afirmó la profesional.

"¿Qué estaba pasando en el INE realmente? Ahí hay una caja oscura que la Fiscalía debe desentrañar", indicó la directora de Ciper, que también expresó desconfianza frente al actual director del Instituto Nacional de Estadísticas, Juan Eduardo Coeymans.

"Le ha prestado toda la ropa posible a Labbé y se ha comportado de manera bastante poco clara", opinó.

La Comisión Revisora Externa del Censo fue convocada por el actual director del INE para revisar el proceso Censo 2012, evaluar los resultados obtenidos y formular ecomendaciones al INE sobre cursos de acción de corto y mediano plazo.


La Comisión tiene un carácter independiente y es autónoma del INE u otra dependencia gubernamental. El trabajo de la Comisión se realizó en el curso de tres meses y para ello analizó los documentos y bases de datos existentes, solicitó al INE la elaboración de documentación e información adicionales, entrevistó a una diversidad de personas que participaron directa o indirectamente en el proceso censal, y contó con el apoyo de diversos profesionales del INE cuando ello les fue solicitado.


Los problemas descritos por la comisión comprometen seriamente el logro de los principales objetivos para el censo, cuales son contar y caracterizar a la población y viviendas a nivel de país, regiones, provincias, comunas y zonas urbana y rural. Por ello, la principal recomendación que formula la Comisión es realizar un censo abreviado de población y vivienda en el año 2015.


El calificativo de abreviado refiere a que se debe recolectar la información mínima que debe proveer un censo lo que requeriría un menor número de preguntas que las incluidas en el cuestionario de 2012. El censo abreviado que se propone debiera realizarse en la forma de un censo de hecho y en un día declarado feriado a tal efecto.

Esta es una modalidad más simple para capturar los datos de las personas, a la vez que el país ha demostrado tener capacidades para realizar este tipo de procesos en el pasado. Asimismo posibilita una masiva colaboración de las instituciones públicas a nivel regional, municipal y local, a la vez que permite apelar al espíritu cívico de los chilenos.

Por otra parte, la Comisión recomienda que, para fines del uso de datos oficiales y de política pública, no se utilicen los datos del proceso 2012 y se espere a tener los resultados del censo abreviado propuesto.

En el intertanto se propone seguir utilizando las proyecciones de población disponibles y se recomienda su actualización para el total de la población nacional en el curso del presente año con apoyo técnico de CELADE.


Descargue el informe de la Comisión Externa Revisora del Censo 2012.

http://www.diarioreddigital.cl/index.php/nacional/35-nacional/539-el-informe-que-enterro-al-mejor-censo-de-la-historia-hecho-por-el-gobierno-de-los-mejores

Justicia, injusticia y muerte en La Araucanía

Por : Sandra López, José Luis Vargas, Martina Paillacar, Daniel Cuevas (*) en OpiniónPublicado: 08.08.2013

Recientemente sacudida por el asesinato de un joven mapuche que permanecía prófugo tras ser sentenciado por incendio, la Región de la Araucanía incuba otra noticia a la que se ha prestado poca atención en el resto del país: la nominación como fiscal regional de Cristián Paredes, quien participó en un caso que culminó con la condena de dirigentes mapuche bajo la Ley Antiterrorista. Los autores de esta columna de opinión señalan que “resulta al menos sugerente preguntarse si es correcto” el nombramiento de un fiscal que participó “en uno de los casos por el que el Estado de Chile fue denunciado recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La calma es solo una apariencia en la Región de la Araucanía. En los primeros días de agosto asumió el cargo de fiscal regional Cristián Paredes Valenzuela, cuestionado por su intervención como fiscal en el “caso Poluco Pidenco”, juicio donde se obtuvo la primera condena por incendio terrorista contra dirigentes mapuche. El martes 6 de este mismo mes el joven comunero Rodrigo Melinao, de sólo 26 años, fue encontrado muerto por el impacto de un arma de fuego en el tórax al interior de una parcela cerca de Ercilla, sector que cuenta con vigilancia permanente de Carabineros. Una semana antes, el Tribunal de Juicio Oral de Angol lo había sentenciado a cinco años y un día de presidio por el delito de incendio de bosques y a 541 días de presidio por el delito de daños calificados. El abogado defensor del joven comunero había presentado el sábado 3 un recurso de nulidad para revertir el juicio.

Estos hechos se dan en el contexto de los fuertes cuestionamientos realizados por el relator especial de las Naciones Unidas, Ben Emmerson, tras su reciente visita a Chile y en particular a la Región de la Araucanía, respecto a la aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche, así como a la situación de violencia y represión existente en las comunidades. Sumado a ello, a fines de mayo se desarrolló la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, por el caso conocido como “Norín Catrimán y otros contra Chile”, donde se acusó al Estado de discriminación a un grupo de mapuche condenados por terrorismo.

EL NUEVO FISCAL REGIONAL

Cristian Paredes Valenzuela, de 39 años de edad,  asumió el cargo de fiscal regional por un periodo de ocho años en reemplazo de Francisco Ljubetic Romero, quien finalizó su periodo constitucional. Su elección no estuvo exenta de cuestionamientos, en particular por su actuación en el ya mencionado  juicio por el incendio del fundo Poluco Pidenco (2004), donde se obtuvo la  primera condena por delito terrorista, y por el que hace unos días el Estado de Chile fue denunciado ante la CIDH.

El nombramiento de Paredes dio fin a un proceso iniciado tras conformarse la terna el día 31 de mayo pasado en la Corte de Apelaciones de Temuco, cuya decisión final se dio a conocer días más tarde, cuando el fiscal nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán, anunció que Cristian Paredes era el nuevo fiscal regional electo. La decisión es al menos polémica, como lo evidencia la oposición pública que manifestaron comunidades y organizaciones mapuche en contra de la elección de Paredes.

Cristian Paredes Valenzuela, abogado egresado de la Universidad de Chile, ingresó al Ministerio Público en los inicios de la Reforma Procesal Penal el 7 de mayo del 2001, cuando asumió como fiscal adjunto de Nueva Imperial. En enero de 2003 fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Local de Pitrufquén y en noviembre de 2004 asumió como fiscal jefe de la Fiscalía Local de Temuco, donde se desempeñaba hasta la fecha de su elección como fiscal adjunto jefe de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Lavado de Dinero, Crimen Organizado y Anticorrupción.

El nuevo fiscal regional tiene diplomados en Reforma Procesal Penal y Problemas Actuales de Derecho Penal, y es además candidato a Magíster en Derecho Penal en la Universidad de Chile y candidato a Magíster en Derecho por la Universidad Autónoma de Chile. Paredes fue distinguido el año pasado como el fiscal más destacado de la Región de la Araucanía, por su “vocación profesional, cercanía con las víctimas, eficiencia en la persecución criminal, relación con la comunidad y valores institucionales”. El nuevo fiscal regional dirigía, al momento de ser electo, la investigación por el sonado caso de la clonación masiva de tarjetas bancarias que afectó a más de 2 mil personas en la región.

En el Ministerio Público ha liderado diversas investigaciones, entre ellas la del caso por estafa Spiess (2006), la condena por ejercicio ilegal de la actividad bancaria en el caso Royal Bussines (2009), las primeras condenas del país por delitos de quiebra fraudulenta (2005 y 2006) y la condena a presidio perpetuo en el caso conocido como “El ladrón de la bicicleta”, contra un individuo que asaltó en forma violenta a más de 30 mujeres en Temuco (2006).

EL CASO POLUCO PIDENCO

Sin embargo, el proceso por el que el nuevo Fiscal Regional fue cuestionado por organizaciones y comunidades mapuche tiene relación con su actuación en el denominado “caso Poluco-Podenco” (2004), donde se obtuvo la primera condena por delito terrorista en el juicio por el incendio del fundo Poluco Pidenco, propiedad de Forestal Mininco. Este juicio, desarrollado bajo la Ley Antiterrorista, condenó a cinco comuneros mapuche de las comunidades de Tricauco, San Ramón, Chekenco y Rukañanco a 10 años y un día de presidio por participación en los delitos de incendio terrorista.

El caso fue llevado por el Ministerio Público, representado por los fiscales Sergio Moya, Alberto Chifelle y Cristian Paredes. En la acusación se sostuvo que el incendio estaba inserto dentro de una “serie de hechos ilícitos que tuvieron como objetivo el atacar a un sector determinado de la población”. La aplicación de la Ley 18.341 o Ley Antiterrorista se justificó argumentado que en el ilícito actuó un número significativo de personas que, de manera organizada, vulneraron el estado de derecho, creando un clima de inseguridad, inestabilidad y temor en diversos sectores de la región.

Recordemos que dicha ley fue promulgada en 1984 durante la dictadura militar y su aplicación tuvo por objeto combatir a los movimientos de oposición a ese régimen. Esta norma, posteriormente, se modificó a través de la Ley 19.027 y fue reformada, ya en democracia, dos veces; la primera, para adaptarla a la Reforma Procesal Penal; y la segunda, para responder a la huelga de hambre que realizaron prisioneros políticos mapuche en el año 2010.

El “caso Poluco Pidenco” no estuvo exento de controversias. En la audiencia de juicio oral realizada el 22 de agosto del 2004, el Ministerio Público tuvo que acreditar la utilización de $20 millones, que según se dijo, se utilizaron para financiar diversas medidas de protección a los testigos, algunos de ellos miembros de la misma comunidad de los imputados, con los cuales habían tenido altercados meses anteriores.

En este juicio fueron condenados a 10 años y un día por incendio terrorista, además del pago de una millonaria indemnización, Juan Huenulao, Jaime Marileo, Patricio Marileo y Patricia Troncoso; en el proceso se condenó además a José Huenchunao y Juan Millacheo con testimonios de personas que los fiscales denominaron “testigos claves” y que estaban en calidad de “testigos sin rostro”. De los diez testigos protegidos, varios de ellos tenían prontuario policial y/o rencillas con las familias de los acusados, según cuestionó la defensa.

En julio del 2005 se presentaron tres querellas por falso testimonio contra cuatro testigos protegidos que participaron en los dos juicios. Sin embargo, las querellas fueron sobreseídas por el Ministerio Público, sin llegar a formalizar a ninguno de los querellados.

EL ESTADO DEMANDADO ANTE LA CIDH

El 29 de mayo pasado, en la CIDH, con sede en Costa Rica, se desarrolló la audiencia pública por el caso conocido como “Norín Catrimán y otros contra Chile”, donde se acusó al Estado de presunta discriminación a un grupo de mapuche a los que se les condenó por terrorismo. Específicamente, se refiere al procesamiento y condena por delitos terroristas de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Patricia Roxana Troncoso Robles y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe.

Precisamente, uno de esos casos en los que el Estado aplicó la Ley Antiterrorista es el ya citado Poluco Pidenco, donde el fiscal Paredes fue uno de los intervinientes. Rose-Marie Belle Antoine, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que elevó los casos a la CIDH, señaló que las víctimas fueron procesadas y condenas por delitos terroristas “en aplicación de una normativa penal contraria al principio de legalidad” y que “toma en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria”, agregando que las autoridades judiciales chilenas no hicieron distinciones entre las “reivindicaciones legítimas” del pueblo indígena a través de la protesta social y “los actos de violencia que se han presentado por parte de grupos minoritarios en dicho contexto”.

Así, la demanda describe abusos, aberraciones y desproporcionalidad en la aplicación de la Ley Antiterrorista, y denuncia diversas irregularidades que afectaron al debido proceso y otras garantías sobre derechos humanos en contra de dirigentes y autoridades ancestrales del pueblo mapuche.

En agosto de 2011 se entregó el informe de fondo con el que se trasladó a la CIDH las tres denuncias, que fueron declaradas admisibles por el sistema de protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comisión Interamericana concluyó que el Estado chileno violó, entre otros derechos, los consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos: el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, el principio de la legalidad, el principio de responsabilidad penal y la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a ser juzgado ante un juez imparcial.

Los abogados que representaron a los denunciantes presentaron estadísticas sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista, que prueban, entre otras cosas, su uso discriminatorio y la falta de rigor jurídico de las sentencias de condena; cuestionándose como uno de los hechos más graves el uso de “testigos sin rostro” como prueba principal para inculpar a dirigentes mapuche, no siendo posible interrogarlos de acuerdo a estándares del debido proceso. Precisamente, los testigos sin rostro fueron claves en las condenas dictadas en el caso Poluco Pidenco, donde, como ya señalamos, Paredes formó parte del equipo de fiscales que realizaron la acusación.

LOS CUESTIONAMIENTOS

Tras conocerse que Cristian Paredes tenía serias posibilidades de ser nombrado fiscal regional, varias organizaciones mapuche cuestionaron su eventual nominación, aludiendo a su intervención en el caso Poluco Pidenco.  Así, a través de una carta reproducida por varios medios regionales, la organización Meli Wixan Mapu indicó que el fiscal Paredes “ha personificado y llevado adelante una política de aplicación racista y discriminatoria de la ley hacia comuneros mapuche”, agregando que “Cristian Paredes fue uno de los tantos fiscales que trabajaron firmemente en el caso Poluco Pidenco, con el objeto de perseguir y encarcelar a mapuche”, solicitando explícitamente que Paredes no fuera designado fiscal regional.

Juan Pichún, hijo del fallecido Longko de Temulemu Pascual Pichún, condenado en el año 2004 por amenaza de incendio terrorista en contra del fundo de Juan Agustín Figueroa (ex ministro de Agricultura de Patricio Aylwin), señaló que el nombramiento de Cristián Paredes sería contraproducente ya que “él aplicó erróneamente una normativa antidemocrática como la Ley Antiterrorista en contra de miembros del pueblo mapuche y eso ha tenido repercusiones a nivel de tribunales internacionales”.

Mientras que Aniceto Norín, Longko de la comunidad de Didaico, quien fue procesado junto a Pascual Pichún, agregó respecto de Paredes que: “Este fiscal nos condenó a nosotros, que hoy asuma como fiscal en momentos que hay un proceso judicial contra el Estado, creo que se debe hacer algo para dejar sin efecto esta medida”.

Por su parte, Cristian Paredes, al ser consultado sobre los cuestionamientos, señaló que durante su trayectoria como fiscal ha participado en aproximadamente 300 juicios “por tanto un caso más o un caso menos no marca un desarrollo profesional”. Respecto de lo que denominó el “mal llamado conflicto mapuche”, considera que nuestra región es intercultural y que a la fiscalía “sólo le compete investigar y perseguir delitos que se cometen por personas determinadas, individualmente consideradas, no en atención a  su origen o una etnia”. Sobre el juicio por el incendio al fundo Poluco Pidenco, señaló que como fiscal participó del equipo de trabajo que llevó a cabo ese proceso, “en el cual se obtuvo una sentencia condenatoria aportando pruebas objetivas que llevaron al tribunal a la convicción de que se cometió ese delito”.

RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS

Como señalamos en las líneas iniciales, el pasado 30 de julio el relator especial de las Naciones Unidas, Ben Emmerson, realizó una visita de dos semanas a nuestro país, en la que se reunió con representantes tanto de organizaciones y comunidades mapuche, como con autoridades policiales, judiciales y de gobierno, además de representantes del poder legislativo. Las declaraciones del relator de la ONU son concluyentes, exhortando al Estado chileno a cesar en la aplicación a indígenas mapuche de la Ley Antiterrorista en el marco de protestas por reivindicaciones de tierras.

“Hoy recomiendo que debería cesar todo uso de las legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales mapuches”, agregando que dicha legislación “ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuche, se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”.

El relator señaló que esta legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución, aplicándose de forma desproporcionada contra el pueblo mapuche, solicitando al Estado chileno elaborar una estrategia nacional sobre el tema mapuche que -a su juicio- debiese incluir la “repatriación” de las tierras, el reconocimiento de los derechos de los mapuche y el fin de la discriminación institucional y judicial.

INTERROGANTES

En este contexto, resulta al menos sugerente preguntarse si es correcto el nombramiento como fiscal regional de la Araucanía de Cristian Paredes, quien como fiscal estuvo involucrado en el juicio por el incendio al fundo Poluco Pidenco, uno de los casos por el que el Estado de Chile fue denunciado recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por, a lo menos, la aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista y por violar, entre otras cosas, el debido proceso de los condenados.

Sumado a esta denuncia, las recientes declaraciones del relator especial de la ONU en su visita al país, donde señaló la necesidad de poner fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros del pueblo mapuche, manifestando su carácter discriminatorio y errónea utilización, ponen en serio cuestionamiento el accionar no sólo del gobierno sino también de la justicia chilena, donde los fiscales han sido una pieza clave en la formulación de las acusaciones y presentación de las pruebas y testigos que han concluido en condenas bajo la Ley Antiterrorista.

El asesinato del joven comunero Rodrigo Melinao, es en este contexto un hecho gravísimo que vuelve a encender la llama de los cuestionamientos al accionar de las policías, la justicia y el gobierno frente a las demandas del pueblo mapuche. Son impactantes las declaraciones realizadas al diario electrónicoEl Mostrador por el sacerdote Francisco Millán, cuya presencia fue exigida por los familiares del comunero como condición para permitir que la Policía de Investigaciones y la fiscalía pudieran hacer los peritajes al cuerpo. El sacerdote señaló que “hay mucha desconfianza de parte de las comunidades hacia Carabineros y también hacia la PDI. Mucha desconfianza. Las relaciones están muy deterioradas. Carabineros no ha actuado muy bien, hay mucha represión, mucha prepotencia”. Y agregó: “La familia más cercana dice que fue Carabineros. Pruebas no hay”.

Tal como describe Francisco Millán, ratificando las denuncias ya realizadas por comunidades y organizaciones mapuche, en la zona donde se encontró el cuerpo de Rodrigo Melinao existe una vigilancia permanente de Carabineros: “Sí, andan con armas en la noche, disparan. No sé cuál es el objetivo.  Pasan dando vueltas prácticamente toda la noche. Hay controles permanentes. Por eso la desconfianza. No hay amistad, no hay diálogo, especialmente con aquellos que no están de acuerdo con el gobierno. Yo he visto sólo Carabineros, pero parece que civiles también andan. He visto muchas patrullas, zorrillos, micros con un número bastante grande de Carabineros. Están en la noche en los caminos públicos vecinales. Que nadie vea lo que pasó, que Carabineros ande siempre y no haya visto qué pasó…”.

En este contexto, la elección como fiscal regional de Cristian Paredes, se vuelve más controversial y deja abierta la interrogante de si la justicia seguirá actuando ciega y sorda a las observaciones de organismos internacionales y las denuncias de las propias comunidades y organizaciones mapuche que exigen el respeto al pueblo mapuche en consideración de sus demandas, cuestionando el hecho de que acciones de protesta social sean calificadas como “terroristas” sin considerar el contexto histórico y político que las enmarca .

(*) Los autores son integrantes del equipo de investigación periodística de la carrera de Periodismo de la Universidad de La Frontera

http://ciperchile.cl/2013/08/08/justicia-injusticia-y-muerte-en-la-araucania/

Financial Times y The Economist: “Vergonzoso escándalo del INE ha abollado la credibilidad de Chile”

Nuevamente Chile se ve envuelto en un papelón a nivel mundial, y es que si ya habíamos quedado mal por la grotesca manipulación de las cifras de la pobreza, luego de estallar que el Gobierno de Piñera manipuló las cifras del Censo y las del IPC, el diario británico Financial Times no tuvo piedad y criticó duramente la poca seriedad de Chile, algo que también realizó el diario The Economist. Al respecto señalan:

  

“Chile, el país latinoamericano con la reputación por tener una precisión teutónica, está envuelto en un vergonzoso escándalo estadísticos. Meses antes de una elección que se espera dar paso a un nuevo gobierno de izquierda. Para los analistas que habían cuestionado la forma en que el gobierno del empresario Sebastián Piñera logró mantener la inflación el año pasado en sólo 1,5% a pesar del crecimiento en el 5,6%, la respuesta es simple: al parecer no lo hizo. Varios economistas calculan que la inflación desde el año 2009 fue, de hecho, entre 1% y 1,5% superior”

“Las autoridades chilenas lo anunciaron como “el mejor en la historia de Chile” pero fue un fraude. Los escándalos han abollado la credibilidad de Chile. Esto arroja una sombra sobre los últimos meses del conservador Piñera en el poder y sus ambiciosos planes para poner en marcha la economía de Chile mediante la entrega de un 6 por ciento de crecimiento de un año y 1 millón de nuevos puestos de trabajo”.

“Chile es el único país en Sudamérica miembro de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, integrado por países ricos. Claramente necesita un instituto de estadísticas digno que esta membresía y por el momento no tiene uno. La credibilidad de la encuesta de pobreza del país del año pasado, la Casen, fue puesta en duda. Ahora es el turno de las cifras del Censo y la inflación”.

“BCI, un banco chileno, advirtió a sus clientes que las cifras de la inflación en Chile eran menos confiables que las de Perú, Colombia, México y Brasil. El banco dijo que, probablemente, la inflación estaba cercana a un 2,5 por ciento, no el 1,5 por ciento oficialmente conocido. Las implicaciones son enormes. El Banco Central de Chile ha mantenido como referencia la tasa de interés constante en 5 por ciento por los últimos 15 meses”. El problema, será para “muchos chilenos que han mantenido inversiones en relación a la inflación”, por lo que podrían estar ganando menos de lo que esperan”

http://www.gamba.cl/financial-times-y-the-economist-vergonzoso-escandalo-del-ine-ha-abollado-la-credibilidad-de-chile/

Matthei culpó a la Concertación por fracaso del Censo: “En 20 años no hicieron nada para tener un INE decente”

De manera increíble, la candidata presidencial de la derecha Pinochetista, la UDI Evelyn Matthei, se refirió al humillante fracaso del Censo 2012, el mejor en la historia según el propio gobierno, culpando a la Concertación por no hacer nada por el INE en 20 años.

“Cuando las cosas andan mal, es porque la institucionalidad no ha sido bien diseñada. Si nosotros hubiéramos tenido una buena institucionalidad, esto nunca hubiera sucedido. Los erroes en la medición del año pasado nunca se habrían producido si hubiéramos tenido un INE como Dios manda. Tenemos un INE con gente muy mal pagada, con un clima interno muy malo, con directores que no han dado el ancho”

¿EL DETALLE?

DURANTE LOS 20 AÑOS DE LA CONCERTACIÓN, EL INE JAMÁS FALLÓ Y CHILE ERA DESTACADO EN TODO EL MUNDO POR ESO. AHORA GRACIAS A PIÑERA, SOMOS UNA BURLA EN EL MUNDO ETERNO

http://www.gamba.cl/matthei-culpo-a-la-concertacion-por-fracaso-del-censo-en-20-anos-no-hicieron-nada-para-tener-un-ine-decente/